jul. 4, 2018

Carta de la Mesa de la Sociedad Civil sobre el proceso de Validación EITI Colombia

En el marco de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus sigla en inglés), Colombia solicitó la  validación anticipada sobre el tercer informe con periodo fiscal del año 2016. Una vez realizado este proceso y a partir de los documentos compartidos por la Secretaría Técnica de la iniciativa en el país, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas ha decidido enviar al Viceministro de Minas la presente carta expresando sus comentarios frente a la validación.



Bogotá, 19 de junio de 2018

Señores:
Francisco París
Secretaría Internacional
Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas EITI
Oslo - Noruega

Carlos Andrés Cante
Viceministro de Minas
Ministerio de Minas y Energía
Bogotá

CC:
Patricia Gamba
Secretaría Técnica EITI Colombia

Respetados señores y señora,
Al inicio del mes de mayo, los representantes al Comité Tripartito Nacional (CTN) de EITI tuvimos la oportunidad de revisar y hacer nuestros comentarios al informe inicial del proceso de validación del país frente a EITI preparado por los delegados de la Secretaría Internacional tras su visita al país y encuentros con las partes interesadas. Oportunamente, el 16 de mayo los representantes de Sociedad Civil hicimos llegar nuestros comentarios y aportes, frente a los cuales la Secretaría Técnica Nacional de EITI liderada por el Ministerio de Minas, tuvo a bien señalar que, desde su perspectiva, muchos de ellos superaban el alcance de los requisitos evaluados en el proceso de validación y el marco de tiempo evaluado (reporte 2016) y tenían más que ver con aspectos de progresividad a partir del Estándar.

En seguimiento a esa retroalimentación, la misma Secretaría Técnica solicitó que retiráramos estos comentarios del formato oficial de revisión y que los agrupáramos en un oficio a ser enviado al CTN y la Secretaría Internacional de EITI. En ese sentido hacemos llegar a ustedes los siguientes aportes que surgen desde nuestro entendimiento de que, si bien EITI ha dado preponderancia a la información fiscal en su Estándar, este también alienta a los países a que avancen más allá de los mínimos exigidos por el Estándar. Esa ha sido precisamente la postura de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el CTN. Para el caso de Colombia los tres informes EITI que se han presentado evidencian que, en términos fiscales se está haciendo bien la tarea, sin embargo, hay otros temas a tratar que son importantes para las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, que exponemos a continuación:

  • Marco legal (n.° 2.1). Consideramos que hay mucho por mejorar en cuanto a abordar de manera sistemática en los informes EITI la información sobre deducciones, exenciones o devoluciones en materia tributaria de la que se benefician las empresas extractivas. Este es uno de los temas que mayor consenso ha logrado entre las organizaciones de la sociedad civil por considerar que tales beneficios reducen significativamente los ingresos del Estado.
  • Asignación de licencias (n.° 2.2). Los comentarios descritos por el equipo evaluador resaltan avances importantes en materia de publicación de otorgamiento de contratos del sector de hidrocarburos. Para el caso específico de minería la información descrita no es clara y las dificultades relacionadas con el uso del catastro refleja un punto central en torno al cual deben tomarse decisiones concretas. La calificación es elevada frente a las debilidades que reporta en los hallazgos realizados por el primer evaluador.
  • Registros de licencias (n.° 2.3). Frente al catastro, efectivamente este permite que la ciudadanía haga consultas sobre la localización y desarrollo de esta industria en sus territorios. Sin embargo, acceder a la información para hacer un análisis de ella no es posible; la consulta que puede hacer la ciudadanía solo es posible realizarla de manera visual.
  • Divulgación de beneficiarios reales (n.° 2.5). Sobre este requisito, si bien aún no es un requisito obligatorio y se ha planteado una ruta de tres años, es importante que el proceso EITI Colombia avance de una manera más rápida y se realice un piloto para ver cómo se identifica la información. Por otro lado, es importante incluir dentro de las empresas a las que se les solicite este tipo de información, aquellas que cuentan con la infraestructura para el transporte. Para ello es importante invitarlas a participar en el proceso EITI.
  • Datos de exportación (n.° 3.3). Se recomienda: “Para fortalecer la comprensión de las partes interesadas de la compleja cuestión de la minería de oro ilegal, se recomienda al EITI Colombia que amplíe la presentación de información al EITI de la producción y las exportaciones informales de oro, recurriendo a toda la información relevante disponible. Se recomienda al EITI Colombia que colabore con el DANE para coordinar con los planes del organismo gubernamental para ampliar la cobertura de productos básicos”. Sugerimos que el esfuerzo no apunte solo a generar información sobre la producción y exportaciones informales, sino, también eventualmente sobre las operaciones e individuos que se han venido formalizando y que, de acuerdo a la normativa del país, se clasifican como de subsistencia y de pequeña escala. Sugerimos que se trabaje no solo con el DANE, sino también con la ANM y la DIAN en este esfuerzo.
  • Ingresos en especie (n.° 4.2). Este requisito se califica con progreso satisfactorio; sin embargo sobre los ingresos que recibe el país por el pago en especie, es necesario contar con información adicional que refleje los resultados de la comercialización de materias primas que está en cabeza de Ecopetrol. Este es un punto vital para la transparencia del sector extractivo.
  • Debate público (n.° 7.1). Este punto hace énfasis en uno de los propósitos del estándar en términos del uso de la información. Debe valorarse el público objetivo de estos informes: en lo regional que es en donde además se produce el debate, aún no llega la información solicitada y demandada por las comunidades. Se sugiere plantear una calificación que dé cuenta de la poca llegada que tiene el informe a nivel regional y del esfuerzo que debe darse en la materia a futuro.
  • Accesibilidad de los datos (n.° 7.2). Vale la pena mencionar que la plataforma, aunque se presenta en clave de innovación, aún se encuentra en proceso de implementación, no refleja las actualizaciones a la información disponible y no permite el descargue de la información para elaborar estudios más avanzados o comparar la información presentada en dicha plataforma, lo que realmente limita el uso de la información producida por la medición. Adicional a esto, es fundamental que se piense la manera cómo se va a llevar cada nuevo informe a las comunidades donde el acceso a internet o a datos de navegación es sumamente limitado.
  • Lecciones aprendidas y seguimiento de las recomendaciones (n.° 7.3). Se afirma “Existen pruebas en las actas de reuniones del grupo de multipartícipes de que el grupo de multipartícipes ha analizado las discrepancias con el Administrador Independiente al preparar informes EITI”. No se identifica como “fácilmente accesible” para el ciudadano, conocer el análisis de las discrepancias identificadas en el cotejo y sus justificaciones.
  • Resultados e impacto de la implementación (n.° 7.4). “Consideraron que se había dedicado mucho tiempo al análisis técnico y a aspectos burocráticos con menos tiempo para debates sustanciales, incluso sobre el impacto, especialmente en los ámbitos locales”. Desde Sociedad Civil se considera que en este punto en particular, la iniciativa carece de instrumentos y soportes precisos que permitan medir el resultado e impacto de la implementación (a nivel del sector empresarial, en comunidades y los distintos niveles de gobierno).

Dentro del documento presentado por la firma validadora independiente, se menciona: “Ahora hay importantes proyectos de extractivas en espera tras la feroz oposición de comunidades locales. En un principio, la mayor implementación de la política gubernamental posterior al conflicto ha sido difícil, en medio de una opinión pública polarizada y altos niveles de desconfianza en las actividades extractivas”; en este sentido, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos retirar dicha afirmación de manera inmediata, pues consideramos que expresiones como estas estigmatizan las movilizaciones ciudadanas, que en muchos casos, reflejan reivindicaciones históricas de las comunidades localizadas en zonas extractivas.

Hoy el país atraviesa por una grave crisis humanitaria respecto a la protección de la vida de líderes sociales1 , que si bien en muchos casos, han participado en movilizaciones sociales respecto a la reivindicación de derechos como víctimas del conflicto o en procesos de restitución de tierras, también se localizan en zonas extractivas y pueden tener dudas e inquietudes sobre la permanencia o desarrollo de las actividades extractivas en sus municipios. Las condiciones del entorno no posibilitan procesos de discusión o de participación ciudadana y por supuesto limitan las acciones ciudadanas frente asuntos relacionados con la industria extractiva y otros temas de debate ciudadano.

Justamente, en torno a este aspecto puntual, consideramos que debe existir un compromiso mayor por parte del Gobierno Nacional por asumir los costos y esfuerzos necesarios para lograr que la iniciativa se conozca y se apropie en los territorios: esto implica avanzar en la definición adecuada de la escala de proyecto para progresivamente avanzar en mayor detalle en el reporte de información; y en esta misma línea, en considerar una estrategia diferente, pertinente y dirigida a las comunidades locales, que con bajos niveles de conectividad y conocimiento de la industria, puedan comprender en su totalidad el aporte de la publicación anual EITI, que se promueve hoy solo vía página web. Lograr el uso de esta información en el debate público y en resolver las dudas de esas “feroces comunidades locales” que se oponen a la industria, es lo que no ha logrado concretarse en el entorno EITI Colombia ni en sus actores participantes.

Hoy se tiene una gran deuda en la apropiación y uso de esta información, la posibilidad de descargarla para promover su uso en investigaciones académicas o especializadas en torno al aporte del sector extractivo a la economía del país es limitada; de igual manera, es escasa información sobre temas ambientales y sociales realizados por la industria en sus respectivos territorios.

Finalmente, destacando como temas prioritarios desde la perspectiva de sociedad civil en el proceso, es necesario ratificar y comprometer al Gobierno Nacional y al Empresariado extractivo, en avanzar en la materialización de la hoja de ruta definida para la Pequeña y Mediana Minería, al igual que reiterar, la necesidad de ampliación de la información en materia ambiental y social, y la adopción de instrumentos y herramientas que promuevan la apropiación de esta iniciativa en los distintos actores institucionales, empresariales y ciudadanos en el país.

Esperamos que estos puntos puedan ser tenidos en cuenta en el proceso de validación antes de la decisión final,

Cordialmente: