may. 25, 2018

¿EL GOBIERNO COLOMBIANO ESTÁ PREPARADO PARA LA ENTRADA, A PARTIR DE JULIO DE 2018, DE LA PROHIBICIÓN TOTAL DEL MERCURIO EN LA MINERÍA TRADICIONAL DEL ORO?

Por: Freddy Pantoja Timarán

Las comunidades de cientos miles de pequeños mineros tradicionales que practican la técnica de amalgamación para extraer oro pasaran a un estatus de “criminales”, a partir de julio de 2018, cuando entra a regir la prohibición total de la utilización del mercurio contemplada en la Ley 1658 de 2013 (Ley del Mercurio). Cabe destacar que a la minería tradicional se debe más del 85 % del oro que se produce en el país.

No obstante esta prohibición, el método de amalgamación seguirá siendo una realidad en Colombia y los mineros tradicionales con escasos conocimientos técnicos seguirán utilizando clandestinamente el mercurio, tanto en asentamientos mineros centrales como Segovia, Remedios, Zaragoza, Buritica, Maramato, Manizales, Ataco, Chaparral, Quinchía, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Santacruz-Guachaves, Mallama, Génova, Suarez, Buenos Aires, Puerto Libertador, Sur de Bolívar, Choco Biogeográfico, como en otras regiones remotas de difícil acceso en zonas montañosas, selváticas y desérticas.

Los pequeños mineros tradicionales tienen fuertes incentivos económicos y culturales para continuar utilizando el mercurio, ya que la amalgamación les permite obtener oro de manera inmediata y barata para cubrir sus gastos diarios sin recurrir a infraestructura física y equipamiento costoso y difícil de operar. Por otra parte, solo bastan los conocimientos y tradiciones que heredaron de sus padres y abuelos. Estos factores no hacen posible eliminar, en la práctica y en el corto plazo, la utilización del mercurio.

Un caso a tener en cuenta y que se parece mucha a la situación que está transitando Colombia es lo sucedido en Brasil, en anteriores años, que prohibió por vía normativa gubernamental el mercurio y que debe ser tenida en cuenta por las autoridades mineras y ambientales colombianas. En Brasil, una vez se puso en marcha la prohibición del mercurio, la actividad minera se convirtió en criminal para más de medio millón de mineros. En primer lugar, se registró un intenso tráfico clandestino de mercurio por el aumento en su precio derivado de su misma prohibición; en segundo lugar, se dispararon los costos de producción para los pequeños mineros; en tercer lugar, se acrecentaron los riesgos y daños en la salud de los mineros y sus familias e igualmente los ambientales, económicos y sociales; y finalmente se aumentó ostensiblemente la corrupción, especialmente en las instituciones gubernamentales y en las fuerzas de policía y ejército, entre otros problemas graves. Así, la aplicación efectiva de esta normatividad se salió del control del gobierno brasileño y de las mismas fuerzas armadas, ya que no contaban con las capacidades logísticas, técnicas y financieras para controlar el uso del mercurio en todo el territorio nacional. Por estas razones, esta normativa sobre prohibición total fue en Brasil, revisada y ajustada.

La utilización del mercurio en la minería del oro en pequeña escala de los países en vía de desarrollo del mundo que suma más de 20 millones de personas, se puede reducir y eliminar, solo cuando se apliquen medidas a través de un Acuerdo Internacional Vinculante pero más específico que el Convenio de Minamata, que involucre muchos esfuerzos y recursos financieros y técnicos que provengan de países ricos que financien acciones prontas y eficaces, articulados a través de una agenda consensuada a mediano y largo plazo y ajustada a la realidad de la minería del oro en pequeña escala de cada país.

Los mineros nariñenses a 10 minutos, tienen en la ciudad de Tulcán, Ecuador, ventas legales de mercurio y ventas de todo tipo de insumos mineros provenientes de diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, en general. La mayoría de estos insumos son químicos y explosivos de uso regulado y controlado en Colombia. Por años y años, todos estos productos, incluido el mercurio, llegan por contrabando y son utilizados masiva y clandestinamente en el suroccidente de Colombia en la mayoría de las minas de oro legales e ilegales, sin control alguno por parte de las instituciones gubernamentales y las mismas fuerzas armadas de ejército y policía.

En consecuencia, el mercurio traspasará las fronteras colombianas, no solamente desde el Ecuador sino desde los otros países vecinos, incluyendo los que han firmado el Convenio de Minamata. Por lo tanto, el mercurio será un lucrativo negocio para los contrabandistas y se seguirá utilizando clandestinamente donde exista la minería del oro en todo el territorio nacional.

A pesar de algunas iniciativas adelantadas, en los últimos tres años, por la Dirección de Formalización del Ministerio de Minas y Energía, para disminuir y eliminar la utilización del mercurio, el gobierno central no logró consolidar alternativas tecnológicas y económicas viables al proceso de amalgamación. Tampoco tienen planes concretos de como suplir los ingresos económicos de cientos de miles de mineros tradicionales del oro que aplican el método de la amalgamación en el país.

En la presente coyuntura colombiana, se deben coordinar acciones prontas y eficaces, menos policivas y coercitivas, entre las comunidades de mineros tradicionales con los sectores gubernamentales regionales, academia e institutos de investigación con el apoyo de la cooperación internacional, para evitar una utilización masiva y clandestina del mercurio sin precedentes y la aparición de otros problemas sociales y económicos en las regiones auríferas. Por lo tanto, es imperativo que el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas y vinculadas, el Ministerio del Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación presenten los últimos resultados de los diferentes proyectos realizados y sus estrategias y planes gubernamentales a implementar en los próximos meses, después de la prohibición total del mercurio.

Desde las regiones estamos dispuestos a coadyuvar en una solución de la problemática del mercurio, de manera conjunta, con el gobierno central y con la participación activa de las comunidades tradicionales de pequeños mineros del oro de Colombia.