Organizaciones de Colombia piden al Congreso ratificar de manera urgente Acuerdo de Escazú
Ante la alarmante situación de quienes defienden el ambiente en Colombia y la falta de garantías en la protección de los ecosistemas, así como la barreras que impiden la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas* le solicita al Congreso de la República ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), hacerlo significará un paso importante y positivo para asegurar el desarrollo sostenible del país, basado en el respeto al planeta o la Casa Común, con un enfoque de derechos humanos, justicia social y de participación ciudadana, así como la garantía del derecho a la vida de líderes y lideresas ambientales.
En ese sentido y como organizaciones que buscamos la transparencia en las regiones extractivas, insistimos en la ratificación de Escazú. Este tratado es una herramienta vital para regular los derechos ambientales en tres grandes aspectos: el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. No ratificarlo daría muestra de un Congreso que no tiene voluntad e impide que el país cumpla con este compromiso en el marco del cumplimiento de la protección de los D.D.H.H. y el respeto por la vida de quienes protegen el medio ambiente.
Desde el 2019, en el marco de la Gran Conversación Nacional, el gobierno colombiano suscribió el Acuerdo ante las Naciones Unidas. En el 2020 fue radicado con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque, y en el 2021 fue de nuevo radicado en el Congreso por la presión de los grupos sociales y ambientales.
Sin embargo, desde su radicación, el proyecto de ley para ratificar el tratado regional tuvo precarios avances dentro del actual Congreso; solo se desarrollaron dos audiencias públicas en el 2021. Además, a pesar de su mensaje de urgencia en el 2020, no llegó ni al primer debate, aunque estuviera en el orden del día de la Comisión Segunda.
Ante estos hechos dilatorios -que dan cuenta de la falta de compromiso ante la comunidad internacional- y pese a que quedan pocas semanas del último período legislativo del Gobierno de Iván Duque, la oposición del Gobierno logró fijar en el orden del día la discusión del Acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda del Senado para el próximo 26 de abril de 2022.
Insistimos en la urgencia de radicar este tratado en nuestra legislación, una herramienta que esperamos permita trabajar por dejar de ser el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales y con ello a reducir la extrema vulnerabilidad de ecologistas, indígenas y defensores ambientales en Colombia. Como lo indica el reporte internacional de Global Witness, para 2020, se registraron 65 asesinatos de defensores ambientales y en el 2021 ya se han contabilizado 56 homicidios, ubicándonos por segundo año consecutivo como el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales.
Vale la pena mencionar que, en enero de 2022 el primer asesinato de un defensor ambiental fue un menor de edad; integrante del resguardo indígena Las Delicias (Cauca), cuya voz fue apagada. Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP alertó en las últimas semanas que el departamento de Santander es donde más se registran amenazas contra líderes ambientales.
Sea esta la oportunidad para solicitar como Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, que se dé cumplimiento al compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los sectores extractivos a través de la implementación del Estándar EITI. El cual fue firmado por Colombia en el 2018 y se espera validar en el 2022.
Por último, recordamos que, ratificar el Acuerdo de Escazú nos acerca a unos códigos éticos y de consensos para la construcción del bien común, y da muestra de que el Congreso está del lado de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que esperan mayores garantías para el acceso a una vida digna en Colombia.
